Este artículo originalmente fue publicado por Oficina Antivigilancia, un proyecto de Coding Rights el 1º de marzo, 2016
La ciudad del futuro que veo en los vídeos promocionales de sistemas masivos de vigilancia y control de masas parece sumergida en un permanente estado de normalidad. Es una ciudad sin tráfico y sin protestas, sin desastres visibles, sin espontaneas movilizaciones, sin sorpresas. Los eventos espontáneos, como errores de sistema, son suprimidos antes de que ocurran. El movimiento, el análisis, las decisiones pasan en un salón de control que asemeja al de una nave espacial, donde sus técnicos trabajan en tiempo real, están viéndonos a todos y sin que los podamos ver. No hay acceso ciudadano a los mismos, al contrario. Son sistemas cerrados y difíciles de fiscalizar. Donde las acciones las dicta un sistema, diseñado en otra parte y quisiera pretender que no es político. La tecnología es política.
Ciudades donde todo está controlado por tecnologías invisibles, casi imperceptibles en lo cotidiano. Aquellas cámaras de vigilancia visibles en la esquina son reemplazadas por sistemas integrados de monitoreo constante que se integran con el paisaje. Ciudades de sensores recolectando nuestros datos todo el día, donde cada movimiento es registrado y almacenado, donde las decisiones son automatizadas y deshumanizadas. Monetizadas para optimizar consumo, predecir conductas. Controlar pueblos. Y donde los beneficios de no saber quién decide y por qué se los lleva ese mismo conglomerado apostando a dicha visión. Unas pocas compañías desarrollando software, hardware y capacidades concentradas en países que se cuentan con una mano. Un mercado de 8 mil millones, que se espera crezca más de diez veces hacia el año 2020. Alimentados con los ya flacos fondos públicos de países como los nuestros.
Aunque los discursos siguen alimentando el imaginario, describiendo la cámara que detecta al ladrón de bolsos, esto es radicalmente distinto. Son matrices que combinan muchos datos en tiempo real. La visión de las ciudades del futuro, promovida por un reducido grupo de conglomerados tecnológicos, es una donde la calidad de vida es directamente proporcional a la previsibilidad y homogeneidad de sus habitantes y choca con la lucha por pueblos diversos. Por conductas diversas. Para llegar a ésta, se sacrifica más, mucho más que la privacidad y la se hipotecará la seguridad a esos en la sala sellada de control. Es sacrificar la forma más cercana de democracia que tenemos, nuestro derecho a protestar libre y anónimamente en la plaza.
Los sistemas de vigilancia locales están expandiéndose rápidamente por Latinoamérica. Mucho antes y mucho más rápido que marcos regulatorios de protección de privacidad y datos personales adecuados. Sin mecanismos democráticos, consultas comunitarias o vecinales para determinar su necesidad e idoneidad. Son sistemas sofisticados y efímeros, que requieren actualizaciones y mantenimientos costosos y reportan beneficios vagos. En Tegucigalpa (Honduras) por ejemplo, la ciudad no pudo continuar el sistema de vigilancia por carencia de presupuesto para mantener las cámaras.
Los contratos que se firman atan de manos a más de una institución pública, hipotecando el futuro del presupuesto municipal, y con una coordinada maquinaria de mercadeo y datos sin respaldo sólido, que compruebe su eficacia.
Las autoridades aseguran que cámaras, el modelado de escenarios y la vigilancia masiva van a eliminar el problema de seguridad, privilegiando éstas respecto de otras políticas públicas encaminadas a atacar la pobreza extrema y desigualdad de acceso a servicios básicos así como el rescate del espacio público. Los estudios que aseveran la efectividad de la vigilancia como una medida para reducción de la criminalidad son incompletos, no separan la medida tecnológica de otros factores internos o externos, locales y no pueden ser aplicados a contextos distintos.
Las ciudades del futuro promovidas por los conglomerados beneficiándose de éstas permiten anticipar eventos, decidir preventivamente sobre como controlar masas, bloquear protestas, predecir movilizaciones por más y mejores derechos. Discriminar por algoritmo. Excluir por patrones de comportamiento.
¿Queremos un futuro sin vigilancia? ¿Un futuro donde la diversidad, y no la uniformidad de comportamiento sean la regla? Empecemos por erradicar la cultura de vigilantes (ahora invisibles) del barrio y la ciudad. Empecemos participando en todos los espacios abiertos y si no los hay, abrámoslos. Antes de que el último bastión de democracia no sea más que un recuerdo borrado por alguien detrás de un monitor. Dentro de los pasos que todos podemos caminar están tres que enumero:
Prevenir el arribo de la vigilancia.
Si la vigilancia masiva es un tema aún explorado como medida de seguridad, es importante organizar al vecindario contra ésta, preguntando antes que nada, que bienes o servicios municipales van a ser sacrificados para proveerlas y el impacto que dicha priorización tendrá en la vida barrial y comunitaria. Es importante además preguntar por la sostenibilidad y la viabilidad en el largo plazo de dichos proyectos, las condiciones bajo las cuáles el gobierno municipal está adquiriéndolas y los plazos. Es importante cuantificar lo que se sacrifica al invertir en vigilancia. Por ejemplo, indicando cuántos programas de atención a niños y jóvenes en riesgo se podrían abrir al mismo precio, ofreciendo soluciones integrales y a largo plazo. Una vez instalado un sistema de vigilancia masivo, la privacidad e intimidad son solamente para aquellos que pueden pagar por ella.
Cuestionar la vigilancia masiva instalada y sus costos de mantenimiento y actualización
Las decisiones encaminadas a mejorar la seguridad y la calidad de vida de los barrios y ciudades deben ser participativas y se debe sopesar el beneficio de instalar mecanismos de vigilancia masiva y continua del espacio público, con alternativas análogas, sociales. Y es que la vigilancia usando tecnología es cara y por cada cámara instalada, no solamente hay costos fijos de mantenimiento y actualización relacionados, sino que se está sacrificando gasto público en programas sociales. Casi todos los proveedores de tecnología, además, no son nacionales. Las tecnologías, cerradas y corriendo en software propietario en su mayoría, hacen imposible una fiscalización ciudadana efectiva. Los contratos con los proveedores de cámaras y servicios son generalmente acuerdos millonarios, vinculando más allá del término de gobierno del firmante, sin considerar las realidades del municipio.
Conectar con otras ciudades y colectivos rebeldes
Para librarnos de la vigilancia y otras formas represivas y autoritarias que ésta abre, debemos activar de inmediato todos los mecanismos que la ley nos permite para fiscalizar el funcionamiento de los sistemas de vigilancia masiva en nuestras ciudades. Y hacerlo colectivamente, en coordinación con otras ciudades afectadas por el problema. Así como hay una Red de Ciudades Inteligentes debemos formar nuestra propia Red de Ciudades Rebeldes donde se rechaza la vigilancia y se afirma que es la democracia participativa y enmarcada en el respeto a los derechos humanos y la diversidad, enfocado en soluciones colectivas, la vía hacia ciudades seguras. No las cámaras.
Podremos entonces simultáneamente activar mecanismos colaborativos para impedir su expansión. Pedir solicitudes de acceso a la información pública detallando los costos. Exigir estudios de los resultados. Emprender acciones legales serias ante posibles usos ilegales de las mismas para políticas discriminatorias. Exigir a las autoridades de protección de datos donde las hay y a las autoridades de derechos humanos, donde no, que se hagan estudios de factibilidad, sopesando el impacto en las garantías individuales antes de instalar los mismos. La democracia empieza y termina allí. Ejerciéndola.
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